Reunión extraordinaria para evaluar el impacto de las medidas contra el paro.- Salgado ve "brotes verdes" en la situación económica internacional.- Zapatero anunciará más medidas en el debate sobre el estado de la nación
El Consejo de Ministros se ha reunido esta mañana en convocatoria extraordinaria para evaluar todas las medidas adoptadas en los últimos meses para hacer frente al alza del paro y el deterioro del mercado laboral español. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que con las 91 medidas que ha puesto en marcha el Gobierno dentro del Plan E se han inyectado en la economía más de 50.000 millones de euros, lo que equivale al 2% del PIB.
Salgado asegura que se están empezando a observar algunos "brotes verdes" en la situación económica internacional
Según la vicepresidenta primera, este esfuerzo económico es el mayor que se ha realizado en la Unión Europea y ha servido para atender a los parados, a las empresas, a las entidades financieras y a los ayuntamientos. No obstante, también es cierto que el mercado laboral español es el que más está sufriendo de entre los socios europeos por el aumento del paro.
Para intentar atajar este fuerte aumento del desempleo, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha recordado la puesta en marcha del plan de inversión municipal, dotado con 8.000 millones de euros para realizar pequeñas actuaciones en el ámbito de los ayuntamientos. En este apartado, Salgado, que fue la responsable de ponerlo en marcha desde el Ministerio de Administraciones Públicas, ha valorado que ha superado las expectativas.
Según las previsiones iniciales, esta iniciativa iba a permitir emplear a 278.000 personas de forma directa, lo que a su vez facilitaría 120.000 empleos indirectos. Pero la realidad es que sus resultados están superando en un 30% las expectativas, ha añadido Salgado.
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(Abril 2009) LA UE Abandona la Directiva sobre las 65 horas de jornada laboral. La falta de acuerdo entre los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE en la ronda final de negociaciones ha provocado que, tras cinco años de debates, se abandone definitivamente la norma que sitúa la jornada laboral máxima en 65 horas semanales.
Ello significa que seguirá vigente la legislación actual sobre tiempo de trabajo, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones ('opt-out') mediante un acuerdo individual entre empresario y trabajador. Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales. Si se quiere intentar de nuevo modificarla habría que empezar desde el principio con una nueva propuesta de Bruselas.
Se trata de la primera vez que Parlamento y Consejo no llegan a un acuerdo en conciliación desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, que amplió los poderes legislativos de la Eurocámara.
No hay acuerdo entre el Parlamento y los Gobiernos en la cuestión de las guardias médicas, que también está regulada por la directiva de tiempo de trabajo. La Eurocámara exigía que las guardias se consideraran tiempo de trabajo, tal y como ha dictaminado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la UE, algo que no aceptan los Veintisiete.
Lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay posibilidades de acuerdo.
Según el texto de esta norma, los ciudadanos que presenten una queja sobre el funcionamiento de un órgano o unidad dependiente de Hacienda tienen derecho a recibir respuesta en los 15 días siguientes al registro de esta protesta.
Una unidad operativa de la Agencia Tributaria se encargará de gestionar y remitir al órgano o servicio correspondiente estas quejas, que sólo pueden presentar quienes sean directamente interesados en el procedimiento.
El periodo máximo de 15 días, no obstante, podría alargarse si el servicio sobre que el que pesa la queja no remite en ese tiempo su respuesta directamente al contribuyente.
Si eso ocurre, la unidad operativa de la Agencia Tributaria pedirá a dicho servicio que responda al ciudadano en otros 15 días.
Cuando el contribuyente no quede satisfecho con la respuesta, podrá remitir otra queja en un mes.
En caso de que los asuntos planteados en la queja se consideren graves y se aprecien en ellos indicios de infracción penal o administrativa, la unidad operativa puede remitir el expediente a la Inspección General de Hacienda o a la Auditoría interna de la Agencia Tributaria para que lo investigue.
Según este reglamento, el Consejo de Defensa del Contribuyente podría abstenerse de tramitar la queja si la materia o el procedimiento por el que se formula están siendo revisados por Hacienda.
En el caso de que haya actuaciones penales relacionadas sobre los actos o procedimientos sobre los que se queje el contribuyente, el Consejo directamente se abstendrá y archivará la queja.
Concurran los supuestos que concurran, según este decreto el plazo máximo de cualquier procedimiento será de seis meses.
El decreto también explica la composición del Consejo, formado por 16 vocales: cuatro de la Agencia Tributaria; ocho expertos del ámbito tributario, la mitad de ellos profesionales y la mitad académicos; un representante de la Dirección General de Tributos, otro de la del Catastro, otro de los Tribunales económico administrativos y el jefe de la Abogacía del Estado en materia de Hacienda.
El presidente del Consejo será nombrado por el ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del propio Consejo, por un plazo de cuatro años.
Fuente: EFE
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 47,9 millones de euros del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) para el año 2009 entre las Comunidades Autónomas acordada por la Conferencia Sectorial de PYME del Ministerio de Industria y Comercio.
A esta cantidad, hay que sumar doce millones de euros que aportan las Comunidades Autónomas y 10,4 millones de euros de proyectos que afectan a más de una Comunidad Autónoma (suprarregionales), que gestiona directamente la Dirección General de Política de la PYME, por lo que los fondos totales para el ejercicio 2009 del programa ascienden a 70,3 millones de euros.
El Ministerio de Industria abrió el pasado 1 de abril la primera convocatoria del año 2009 para optar a las ayudas previstas para los proyectos suprarregionales (10,4 millones), un procedimiento que incluye como novedad el pago anticipado de las ayudas sin la necesidad de aportar garantías financieras y la priorización de los proyectos que incluyan actividades de difusión de los resultados y de las buenas prácticas alcanzadas con los mismos. Las compañías interesadas deberán presentar sus solicitudes antes del próximo 30 de abril.
Esta convocatoria es de aplicación a los sectores de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios.
Fortalecer el tejido empresarial
El Programa InnoEmpresa pretende fortalecer el tejido empresarial a través de la utilización de instrumentos que sirvan para la promoción de las PYME, incrementa la capacidad innovadora de las mismas mediante la incorporación de técnicas empresariales innovadoras, financia proyectos para mejorar los procesos de producción, comercialización y gestión de las empresas, incorpora procedimientos de gestión innovadores en las practicas empresariales y estimula la innovación a través de la incorporación del diseño, la implantación de sistemas de calidad y potenciando el uso de tecnologías de la información transversalmente en todo el programa. Su aplicación podría favorecer la creación de hasta tres mil puestos de trabajo.
InnoEmpresa está financiado por la Administración General del Estado (62,80 por 100), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER- (20,41 por 100) y las Comunidades Autónomas (16,79 por 100).
Los criterios aplicados por la Conferencia Sectorial a la hora de distribuir los fondos entre Comunidades Autónomas contribuyen a aproximar más el reparto resultante a la realidad del colectivo de beneficiarios últimos del Programa InnoEmpresa, que no es otro que el conjunto de PYME con más de un empleado, y a que la distribución territorial se aproxime progresivamente a la realidad de cada región.
Más del 70% de las pequeñas y medianas empresas canarias no llega a explotar todas las posibilidades de negocio que tienen en el mercado insular, tal y como ha detectado la Cámara de Comercio de Las Palmas.Según declaró el director del Departamento de Comercio Interior de este organismo, Ramón Redondo, se detectó este hecho cuando se empezaron a recibir solicitudes de asesoramiento para internacionalizar sus productos y servicios sin haber explotado previamente todas sus posibilidades en el mercado regional.Así las cosas, las distintas Cámaras regionales se plantearon organizar un Programa de Regionalización en colaboración con el Gobierno canario que pretende, en un primer estadio, formar a las empresas en estrategias de regionalización, para más tarde recibir asesoramiento concreto para cada necesidad, hasta el punto de poner a su disposición técnicos que desarrollen planes de comercialización de sus productos en el Archipiélago.Una vez pasadas estas fases, las Cámaras se plantean realizar encuentros sectoriales e intersectoriales para procurar sinergias entre empresas y que se pueda hacer negocio a la vez que se intenta suplir dificultades como la lejanía entre islas y los costes de transporte, por ejemplo.En cuanto a los encuentros sectoriales cabe destacar que en principio se está estudiando unir las áreas de Artes Gráficas, Comunicación, Madera y Corcho, Automoción y Franquicias entre muchas otras. En cuanto a los costes de transporte, Redondo es consciente de que es básico que para la regionalización sea total el Gobierno de Canarias debe hacer realidad su Red Transinsular de Transportes, que pretende derribar las barreras entre Islas.
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales tres artículos de la Ley de Extranjería que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España. El Alto Tribunal ha adoptado esta decisión en la sentencia, de la que sólo se ha dado a conocer el fallo, en la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que el Parlamento de Navarra interpuso contra varios artículos de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.Los artículos que se declaran inconstitucionales son el 7.1, el 8 y el 11.1.En su redacción actual, el primero de ellos establece que "Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España".El artículo 8 dice que "todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España".Por su parte, el artículo 11.1 -que se declara inconstitucional exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente- señala que "los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España".El Alto Tribunal también ha declarado "inconstitucional y nula" la inclusión del término "residentes" en otros dos artículos de la Ley de Extranjería, el 9.3 y el 22.2, referidos al derecho a la educación no obligatoria y a la asistencia jurídica gratuita, respectivamente.El primero señala que "los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles".El otro dice que "los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan".La sentencia, de la que ha sido ponente la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y que se notificará próximamente, ha recibido tres votos particulares.
